Un error…más.

Veinticuatro horas le duró esta vez a José Luis Rodríguez Zapatero su determinación de reducir el déficit mediante medidas drásticas, impopulares y de elevado coste político.

El Gobierno cedió a la presión de los alcaldes y rectificó ayer su prohibición a los ayuntamientos de pedir créditos hasta 2012 y retrasó siete meses, hasta el 1 de enero de 2011, la entrada en vigor de esa medida. La modificación, que altera el texto original del Real Decreto Ley que desgrana las medidas de ajuste, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante una «corrección de errores». La vicepresidenta económica y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) -ambos socialistas- discreparon sobre los motivos del aplazamiento.

El decreto publicado el lunes por el BOE detallaba que la prohibición de endeudarse a los consistorios regiría «a partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta el 31 de diciembre de 2011». Sin embargo, la corrección notificada ayer altera ese calendario y señala que la limitación estará vigente «a partir del 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011».

La primera versión del texto legal enfureció a muchos alcaldes, incluidos los del PSOE, que vieron peligrar la finalización de muchas obras públicas ya en marcha. El cambio de rumbo permitirá a las entidades locales seguir pidiendo créditos en lo que queda de 2010 para afrontar el coste de los trabajos ya iniciados o licitados, siempre que no vulneren el techo de deuda legal, fijado en el 120% de los ingresos liquidados el año anterior. A partir de ese nivel, los ayuntamientos están obligados a pedir permiso al Gobierno para solicitar préstamos.

«Error sin importancia»

La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, intentó quitar trascendencia a la rectificación, que atribuyó a «un error sin importancia» de redacción. «Todos los BOE llevan corrección de errores, todos los decretos, y más un decreto-ley tan complicado como este», señaló a su llegada a un foro económico en Bruselas. La ministra de Economía detalló que el Ejecutivo se dio cuenta del ‘error’ «en el día de ayer» y admitió que «empezaron a llamar algunos alcaldes preocupados» por la finalización de las obras en marcha.

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, eludió explicar por qué el supuesto ‘error’ no fue admitido y rectificado de forma oficial el primer día. «Sobre la política de comunicación del Gobierno no soy yo quien tiene que dar explicaciones, no tengo más comentarios», señaló en rueda de prensa. El Consejo de Ministros -dijo- aprobó el decreto y «ha decidido que la prohibición vaya desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011». El texto será remitido a las cortes para su debate mañana.

“La Rioja.com”

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