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Societas delinquere potest o cómo meter a la empresa en la cárcel

El pleno del Senado  aprobó el 9 de junio el texto íntegro del nuevo Código Penal, sin introducir ninguna de las enmiendas. El proyecto de Ley Orgánica modifica la Ley 10/1995 del Código Penal, con el apoyo del Grupo Socialista, Entesa, CiU, CC y UPN, la abstención del PP y el voto en contra del PNV

Cada vez que nos han anunciado una reforma del Código Penal, las manos se nos han ido aceleradamente a la cabeza y esta vez no será una excepción, ya que una de las modificaciones más llamativas es la responsabilidad penal de las personas jurídicas que ha generado no pocos debates y que sin duda dará más de un quebradero de cabeza a abogados y jueces, no sólo por lo absurdo ante una imputación sino también por las posiciones de las partes respecto de una demanda, que sin duda se plantearán. Una empresa podrá ser a la vez imputada y acusación en un mismo proceso, la primera por la nueva tipificación de los delitos que “pueden cometer” y la segunda, ya que podrá ir contra sus empleados…ahí queda (que se dice pronto).

El  artículo 31 bis prevé que las personas jurídicas responderán penalmente de los delitos cometidos, por su cuenta o en su provecho…: “1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. (…)”

Muchos de nuestros expertos opinan, con lógica, que esta figura no tiene ninguna cabida en nuestro derecho,  y que su inclusión podría afectar a la coherencia del Código Penal, pero por contra, gran parte de los órganos consultivos piensan que el principio “la sociedad no puede delinquir” (“societas delinquere non potest” ) quedaba desfasado ante la realidad actual.

Como puntos de partida para el análisis de la reforma diremos que:

  • Frente a esta apariencia creada de “responsable penal”, la responsabilidad de las personas físicas, cabrá cuando se cometan delitos de estafa, cohecho, cohecho privado, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, contra el medio ambiente, urbanísticos o contra los derechos de los trabajadores.
  • Las penas previstas para las empresas tendrán, en cualquier caso, la consideración de graves, y podrán ser: la disolución de la persona jurídica, la suspensión temporal de sus actividades, la clausura temporal de sus locales y establecimientos, la prohibición para contratar con las Administraciones públicas o su intervención judicial.
  • Para llegar ya al extremo de lo absurdo tenemos que se le podrán aplicar algunas eximentes y/o atenuantes y todas las agravantes de los delitos, a saber;  para evitar o mitigar la responsabilidad penal, se contemplan diferentes actuaciones a llevar a cabo por la persona jurídica y sus representantes legales:  la de haber ejercido el debido control.

Con todo ello, habrá que reunirse, hablar y concienciar a la “PERSONA JURÍDICA” para que no delinca, lo malo es que se nos escape, no acuda a las reuniones o nos engañe…(los esperpentos de Valle-Inclán frente a esto, alcanzan la visual normalidad que podemos tener a diario al contemplar un autobús de línea)

El espíritu que inspira esta “imputación empresarial”  es (supongo) implantar sistemas de autocontrol, atajando conductas indeseadas, ya sea de sus directivos o de sus empleados.

Se oyen comentarios sobre que además esta nueva regulación penal intenta que las empresas impongan valores éticos, este deseo viene siendo una entelequia desde que se “inventaron” las empresas, ni existe ética en las relaciones internas, de ahí que tengamos los graves problemas laborales que tenemos y mucho menos en las externas cuando las estafas, usos de poder y comisiones de delitos por “PERSONAS FÍSICAS” está a la orden del día.

Sinceramente, lo que el legislador debería haber hecho es hablar claro, seguir manteniendo y sobre todo ampliando la teoría del levantamiento del velo empresarial e imputar a quien verdaderamente comete un ilícito penal, las personas FÍSICAS, otra cosa será que la empresa como entidad tenga responsabilidad, cubra y reponga, en la medida de lo posible, el daño causando tras una valoración económica y que además, el juez, imponga medidas a la actividad de la empresa, intervención, cierre, pérdida de licitaciones, subvenciones, multa etc… pero esta pereza mental de nuestro legislador es insultante.

Frente a esto, Quién controlará el “buen hacer” y el “correcto comportamiento”? Se iniciará el procedimiento a instancia de parte o podrá realizarlo el Ministerio Fiscal de oficio? Con la situación económica que vivimos, se espera que las empresas realicen su actividad con total pulcritud a todos los niveles?

Bajo una lectura estricta del artículo 31 bis, si una empresa TIENE y guarda una correcta apariencia de un adecuado programa de gestión y control, lo que suele llamar, con términos anglosajones que tanto gustan, “un programa de corporate compliance” con carácter previo a la comisión de un delito, podrá suponer la exención de responsabilidad penal para la persona jurídica y, en cualquier caso, se prevé que su implantación y aplicación con carácter previo a la apertura del juicio oral sea considerada por los tribunales como una circunstancia atenuante.

Ante esto, las empresas correrán desaforadamente a compilar “códigos éticos de actuación”, atestando de cursos de formación, realizando exámenes de conocimiento de dichos códigos a antiguos y nuevos empleados,  estableciendo más controles informáticos, instalando cámaras de seguridad (hasta en los aseos) etc…todo ello, en vías a quedar exonerados de responsabilidad, es decir se quedarán como hasta ahora en la mayor parte de los casos o incluso mejor, ya que el nuevo código les facilita de antemano la solución a una posible responsabilidad frente a la comisión de un delito por su personal.

Proyecto de Ley

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