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Societas delinquere potest o cómo meter a la empresa en la cárcel

El pleno del Senado  aprobó el 9 de junio el texto íntegro del nuevo Código Penal, sin introducir ninguna de las enmiendas. El proyecto de Ley Orgánica modifica la Ley 10/1995 del Código Penal, con el apoyo del Grupo Socialista, Entesa, CiU, CC y UPN, la abstención del PP y el voto en contra del PNV

Cada vez que nos han anunciado una reforma del Código Penal, las manos se nos han ido aceleradamente a la cabeza y esta vez no será una excepción, ya que una de las modificaciones más llamativas es la responsabilidad penal de las personas jurídicas que ha generado no pocos debates y que sin duda dará más de un quebradero de cabeza a abogados y jueces, no sólo por lo absurdo ante una imputación sino también por las posiciones de las partes respecto de una demanda, que sin duda se plantearán. Una empresa podrá ser a la vez imputada y acusación en un mismo proceso, la primera por la nueva tipificación de los delitos que “pueden cometer” y la segunda, ya que podrá ir contra sus empleados…ahí queda (que se dice pronto).

El  artículo 31 bis prevé que las personas jurídicas responderán penalmente de los delitos cometidos, por su cuenta o en su provecho…: “1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. (…)”

Muchos de nuestros expertos opinan, con lógica, que esta figura no tiene ninguna cabida en nuestro derecho,  y que su inclusión podría afectar a la coherencia del Código Penal, pero por contra, gran parte de los órganos consultivos piensan que el principio “la sociedad no puede delinquir” (“societas delinquere non potest” ) quedaba desfasado ante la realidad actual.

Como puntos de partida para el análisis de la reforma diremos que:

  • Frente a esta apariencia creada de “responsable penal”, la responsabilidad de las personas físicas, cabrá cuando se cometan delitos de estafa, cohecho, cohecho privado, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, contra el medio ambiente, urbanísticos o contra los derechos de los trabajadores.
  • Las penas previstas para las empresas tendrán, en cualquier caso, la consideración de graves, y podrán ser: la disolución de la persona jurídica, la suspensión temporal de sus actividades, la clausura temporal de sus locales y establecimientos, la prohibición para contratar con las Administraciones públicas o su intervención judicial.
  • Para llegar ya al extremo de lo absurdo tenemos que se le podrán aplicar algunas eximentes y/o atenuantes y todas las agravantes de los delitos, a saber;  para evitar o mitigar la responsabilidad penal, se contemplan diferentes actuaciones a llevar a cabo por la persona jurídica y sus representantes legales:  la de haber ejercido el debido control.

Con todo ello, habrá que reunirse, hablar y concienciar a la “PERSONA JURÍDICA” para que no delinca, lo malo es que se nos escape, no acuda a las reuniones o nos engañe…(los esperpentos de Valle-Inclán frente a esto, alcanzan la visual normalidad que podemos tener a diario al contemplar un autobús de línea)

El espíritu que inspira esta “imputación empresarial”  es (supongo) implantar sistemas de autocontrol, atajando conductas indeseadas, ya sea de sus directivos o de sus empleados.

Se oyen comentarios sobre que además esta nueva regulación penal intenta que las empresas impongan valores éticos, este deseo viene siendo una entelequia desde que se “inventaron” las empresas, ni existe ética en las relaciones internas, de ahí que tengamos los graves problemas laborales que tenemos y mucho menos en las externas cuando las estafas, usos de poder y comisiones de delitos por “PERSONAS FÍSICAS” está a la orden del día.

Sinceramente, lo que el legislador debería haber hecho es hablar claro, seguir manteniendo y sobre todo ampliando la teoría del levantamiento del velo empresarial e imputar a quien verdaderamente comete un ilícito penal, las personas FÍSICAS, otra cosa será que la empresa como entidad tenga responsabilidad, cubra y reponga, en la medida de lo posible, el daño causando tras una valoración económica y que además, el juez, imponga medidas a la actividad de la empresa, intervención, cierre, pérdida de licitaciones, subvenciones, multa etc… pero esta pereza mental de nuestro legislador es insultante.

Frente a esto, Quién controlará el “buen hacer” y el “correcto comportamiento”? Se iniciará el procedimiento a instancia de parte o podrá realizarlo el Ministerio Fiscal de oficio? Con la situación económica que vivimos, se espera que las empresas realicen su actividad con total pulcritud a todos los niveles?

Bajo una lectura estricta del artículo 31 bis, si una empresa TIENE y guarda una correcta apariencia de un adecuado programa de gestión y control, lo que suele llamar, con términos anglosajones que tanto gustan, “un programa de corporate compliance” con carácter previo a la comisión de un delito, podrá suponer la exención de responsabilidad penal para la persona jurídica y, en cualquier caso, se prevé que su implantación y aplicación con carácter previo a la apertura del juicio oral sea considerada por los tribunales como una circunstancia atenuante.

Ante esto, las empresas correrán desaforadamente a compilar “códigos éticos de actuación”, atestando de cursos de formación, realizando exámenes de conocimiento de dichos códigos a antiguos y nuevos empleados,  estableciendo más controles informáticos, instalando cámaras de seguridad (hasta en los aseos) etc…todo ello, en vías a quedar exonerados de responsabilidad, es decir se quedarán como hasta ahora en la mayor parte de los casos o incluso mejor, ya que el nuevo código les facilita de antemano la solución a una posible responsabilidad frente a la comisión de un delito por su personal.

Proyecto de Ley

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El capitalismo y su crisis, Julio Anguita

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Una reforma laboral “socialmente sostenible”

“Una reforma que mantiene básicamente la red de derechos de los trabajadores y favorece las expectativas de aquellos trabajadores que tienen un empleo precario, es una reforma que va en la dirección adecuada” Zapatero.

Una vez más intentan vendernos el infierno como si estuviésemos dejando pasar la solución al gran problema del paro, delante de nuestras narices. Finalmente no se ha llegado a un acuerdo para la reforma laboral y el gobierno impondrá el decretazo no admitido, por parte de los sindicatos porque, sinceramente creo que permitir las medidas recogidas en la reforma, sería su suicidio, y bastante denostados están ya; y por otra parte, porque la patronal quisiera no tener ni si quiera dar explicaciones para despedir a un trabajador.

Los empresarios critican que los tribunales de primera instancia de lo Social, en un 80% de los casos, establecen que el despido es improcedente, y  por lo tanto se encuentran en la disyuntiva de readmitir al trabajador o pagar indemnización y salarios de tramitación. Si existe esta proporción será porque los motivos y las formas del despido fallan y las equivocaciones judiciales, que las hay, no pueden llegar a esa proporción tan llamativa.

Claro está que el ariete de presión lo portan Botín, Obama, Merkel etc… indicando al endeble mental de Zapatero a realizar los cambios que les son propicios para seguir amasando fortunas a costa de la dignidad de los trabajadores.

La piedra angular es flexibilizar las causas del despido, al rededor de ello pivotan el resto de medidas, porque la apariencia sobre el papel, de los contratos de fomento de empleo, puede ser estimuladora, contratos dirigidos a personas con dificultad para encontrar trabajo o los parados de larga duración (que en definitiva son lo mismo ya que actualmente encontrar un trabajo es tan complicado que tengas una determinada edad o formación, es indiferente). Según datos de la EPA, en el primer trimestre un 75 por ciento de los 4,6 millones de parados llevaban más de tres meses buscando empleo.

Esto permitirá la contratación de trabajadores a precio de saldo y con la garantía de poder despedirles sin a penas justificación y con una indemnización irrisoria, propiciando que la tasa de paro, en el mejor de los casos, únicamente se mantenga, pero no disminuya, ya que los que accedan a un puesto de trabajo, meses más tarde volverán a engrosar las listas del paro, provocando un “Sisifísmo” laboral recurrente.

Otro punto a tener en cuenta, es que los que  tengan la fortuna de generar paro, tendrán una base de cotización más baja que la que tuvieron en un empleo anterior, ya que las ofertas de trabajo tirarán los salarios por los suelos, por lo que el paro que se cobre será también inferior, ahorrando el gobierno una buena cantidad de dinero en esta partida presupuestaria…y esto resulta que “no va en contra de las medidas sociales y los derechos de los trabajadores”.

Las medidas aparecidas en el borrador de la reforma son las siguientes:

Contrato temporal. La duración del contrato temporal de obra o servicio determinado será de veinticuatro meses, ampliables hasta un año más por convenio colectivo sectorial. Transcurrido esos plazos, los trabajadores pasarán a indefinidos. Seguramente las obra o servicio determinado concluirá y volverá a iniciarse dentro de ese plazo marcado, por lo que se contratarán personas distintas en esos tres años, despidiendo constantemente a aquellos que rozan el plazo de los dos años (si no ocurre antes)

Despido temporal. La indemnización por expiración del tiempo convenido de la obra o servicio objeto del contrato será de 12 días de salario por cada año de servicio. En la actualidad el coste se limita a ocho días. El aumento de los cuatro días se aplicará progresivamente.

Flexibilidad interna. Agiliza la movilidad geográfica y la modificación de las condiciones de trabajo en la empresa, es decir, de la jornada laboral, de la distribución irregular del tiempo trabajo, de los turnos, de la remuneración, de la movilidad funcional y del sistema de trabajo.

Cláusula de descuelgue. En caso de desacuerdo empresa-trabajadores, un laudo arbitral decidirá si la aplicación del convenio daña la situación y las perspectivas de la empresa o su estabilidad económica.

Plan para los jóvenes. Los contratos formativos tendrán derecho al desempleo. Su retribución durante el primer año será la fijada en el convenio colectivo en proporción al tiempo de trabajo efectivo. En el segundo año el requisito del tiempo desaparecerá.

Menos jornada y despidos. La jornada de trabajo podrá reducirse entre un 10% y un 70% por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, como mucho por un año, para evitar despidos. La medida será aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores.

Empresas de Trabajo Temporal. Las ETT podrán operar en todos los sectores para orientar, asesorar y colocar a los desempleados. Se acaba el monopolio gratuito del Servivio Público de Empleo (antiguo INEM).

Agencias de colocación. En un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto, el Gobierno aprobará, previa consulta con los agentes sociales y comunidades, las disposiciones para su desarrollo.

Igualdad. En la negociación colectiva se pactarán los términos del ejercicio de estos derechos que se acomodarán a reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo.

Nuevas bonificaciones. Los jóvenes de 16 a 30 años tendrán 800 euros de bonificación durante tres años. En los mayores de 45 años con doce meses en el desempleo, el importe se eleva a 1.200 euros durante tres meses y en el caso de mujeres a 1.400.

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